Actualmente en la Asamblea Legislativa se encuentra el proyecto de ley para la adhesión de Costa Rica al Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes.
Sería conveniente deslumbrar algo acerca del impacto en los países en vías de desarrollo de los acuerdos bilaterales que abarcan temas como el de los derechos de propiedad intelectual relativos a patentes biotecnológicas.
En primer lugar, una patente es el conjunto de derechos exclusivos que garantizan que nuevos inventos no sean fabricados, utilizados o vendidos por otra persona. Es el privilegio legal que reivindica la autoría de la idea de un invento.
Desde los años 80, debido al rápido desarrollo de la ingeniería genética el sistema de patentes se ha ampliado de tal manera, que hoy incluye patentes sobre los organismos vivos manipulados y los ya existentes en la naturaleza. Actualmente la "biopiratería" es una practica común, de hecho que ya se encuentra patentado hasta el mismo genoma humano.
El Tratado de Libre Comercio con Estado Unidos da acceso preferencial a nuevos mercados, inversiones extranjeras, y facilita la creación de paraísos fiscales, es decir establece una relación de poder totalmente desigual de partida. Este tratado socavaría la soberanía nacional y su eventual aprobación ratificará la entrada de Costa Rica al Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes.
Esto, que aparece ante el pueblo con las máscaras de acuerdo de inversión, plan de desarrollo, colaboración científica, entre otros, termina siendo algo más bien semejante a una nueva fórmula de explotación colonial. Es evidente el efecto de la presión ejercida por las transnacionales. Es evidente también la violación de los derechos humanos, tal es el caso de la soberanía alimentaria, así también como la violación a los conocimientos y costumbres tradicionales de los pueblos.
Que incertidumbre las consecuencias que dejaría estos tratados, sobre todo para un país que depende en gran parte de la agricultura; ésta y la alimentación son fundamentales para la sociedad mundial, la producción y disponibilidad debe abarcar la seguridad y una alta calidad nutritiva para las personas, sin embargo las patentes biotecnológicas socavan esa seguridad alimentaria, ya que limita severamente la capacidad del país para garantizarse su autoabastecimiento de alimentos básicos y hacerle frente a posibles crisis alimentarias.
El Tratado de Budapest obliga a reconocer como evidencia de invención la presentación física de una muestra de un organismo para la tramitación de los derechos de patente. Como es tan complejo describir minuciosamente un ser vivo, la presentación y depósito de una muestra o ejemplar basta, en este tratado, para cumplir con el requisito de revelación y descripción detallada, requerida para cualquier sistema de patentes.
Las normas de la Organización Mundial de Comercio no se pronuncian a favor del Tratado de Budapest como sistema de patentes sobre microorganismos, a pesar de ello México por ejemplo, es uno de los países que por obligación, debido a un acuerdo bilateral con Estados Unidos (NAFTA), se incorporó a este sistema.De nuevo, si Costa Rica aprueba el TLC con Estados Unidos, ratificará la adhesión al Tratado de Budapest, de hecho, como se menciona al principio, es el proyecto de ley 13123 en la Asamblea Legislativa.
Esto quiere decir que de entrar en vigencia el tratado, cualquier microorganismo podrá ser guardado en un depósito internacional con la finalidad de ser patentado, y la definición de microorganismos incluye embriones humanos y estos depósitos están llenos de ellos. El ATCC, el depósito de seres vivos más importante del mundo, establece que para guardar embriones, se requieren 25 muestras congeladas (12 embriones constituyen una muestra).
Por otro lado se encuentra también dentro de la agenda de la Asamblea Legislativa la aprobación del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales. Este convenio surge como un tipo de sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual de los mejoradores comerciales en los vegetales, modelado en el sistema de patentes industriales y suscrito principalmente por países desarrollados. Estos convenios son ilegítimos en cuanto a que se impone a los países en vías de desarrollo al margen de sus preferencias. Por un lado se habla de promover la democracia y por otra parte de decide, desde el exterior, las políticas de un país como el nuestro. Tal es el caso de Nicaragua, que con todo su derecho de participar en la revisión del acuerdo sobre Aspectos del Comercio Relacionados con Derechos de Propiedad Intelectual, se vio obligado a ingresar, debido al TLC con Estados Unidos a la Unión para la Protección de las Obtenciones vegetales, quedando desprovista de actuación.
Esto complica más aún el método de explotación a los más pobres, pues por ejemplo, como se menciona anteriormente, un país que en gran medida depende de la agricultura, como lo es Costa Rica, implicaría la adhesión a estos convenios, el atentado contra el derecho de los agricultores y campesinos de disponer libremente de las semillas de su propia cosecha, además se les excluye su derecho a utilizar las semillas de una cosecha realizada con variedades protegidas para la siembra de cultivos posteriores. Con estos convenios se reconocerán derechos de obtentor sobre múltiples variedades de plantas, incluyendo las más necesarias para la alimentación básica costarricense, los titulares de estos derechos podrían exigir el pago de licencias para poder reproducirlas, lo cual sin lugar a dudas, encarecería y dificultaría el acceso a las semillas de plantas esenciales para el abastecimiento interno.
La meta del capital transnacional de convertir todo el planeta en un artículo mercantil es algo que no podemos tolerar.
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